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31 de marzo de 2016 – Universidad Politécnica de Valencia

TALLER 2: TERRITORIOS FORESTALES

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BALANCE

Los territorios forestales, al igual que el resto de los recursos, están acaparados. Algunas empresas, muy a menudo con el apoyo de los estados, los degradan y despojan a las poblaciones locales de su ámbito natural o de los recursos de los que dependen sus condiciones de vida.

Las concesiones de explotación de bosques y de recursos minerales, de proyectos hidroeléctricos o de infraestructuras de transporte, y las concesiones turísticas o de caza ponen en peligro estos territorios al ampliar las superficies agrícolas o al explotar ilegalmente los bosques. A veces también sucede que las poblaciones locales o ciertas formas de agricultura de tala y quema a pequeña escala, sometidas cada vez a mayores restricciones, contribuyen a la degradación de estos territorios.

Los proyectos de «conservación» y almacenamiento de carbono también resultan ser una amenaza para los pueblos de los bosques. El mecanismo REDD+¹, promovido en el marco de la actuación de los Estados contra el cambio climático, ha sido muy discutido. Este mecanismo, todavía en fase de experimentación, consiste en emitir certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono que, supuestamente, permiten llevar a cabo proyectos de conservación, de gestión forestal o incluso de plantaciones². Los certificados entregados a las empresas se pueden volver a vender y sirven para demostrar la implicación en la lucha contra el cambio climático de quienes los ostentan. Algunos promotores del REDD+ esperan que un día se puedan vender derechos de emisión de carbono a otras empresas del mercado que quieran mantener o ampliar su derecho a contaminar. Esto hace que el mecanismo REDD+ sea un sistema más propicio para legitimar el nivel global actual de emisiones de gas de efecto invernadero que para reducirlo.

Muchos de los proyectos REDD+ fomentan el acaparamiento de tierras y restringen el acceso de las poblaciones locales a los bosques, volviendo a poner en peligro su seguridad alimentaria. En Madagascar, la creación de 6 millones de hectáreas de superficie protegida ha llevado a excluir a las comunidades y a restringir las zonas de bosque disponibles para agricultura y recolección. A menudo, la contrapartida financiera concedida es mínima.

En general, los proyectos desarrollados en las áreas forestales representan una amenaza preocupante para la supervivencia de los pueblos indígenas y autóctonos cuya cultura está intrínsecamente vinculada a su entorno natural. Al origen de estos procesos esta la mercantilización de la naturaleza. El uso del término «recursos naturales» está cargado de connotaciones porque elimina el carácter sagrado de la naturaleza y contribuye a difundir la idea de que esta se puede vender como un objeto cualquiera.

Los pueblos de los bosques pocas veces están implicados y muy a menudo quedan excluidos de las decisiones que afectan al bosque. Muchas veces se relocaliza a la población desposeída en tierras infertiles³ con unas compensaciones irrisorias. Los miembros de las comunidades que luchan contra estos proyectos están criminalizados, encarcelados y sometidos a intimidaciones y a violencia física. En Indonesia, 106 militantes están en la cárcel por haber intentado proteger sus territorios. En Nicaragua, entre 15 y 20 líderes han sido puestos a disposición judicial por sus actividades. Berta Cáceres y Walter Manfredo Barrios fueron asesinados a inicios del año 2016 por su militancia en Honduras y Guatemala respectivamente, como tantos más en muchos otros países.

Las empresas privadas, a menudo multinacionales, que degradan el medio ambiente (contaminación del suelo y de las aguas, desecación de las corrientes de agua, deforestación masiva) sin consideración alguna hacia las poblaciones locales, con el consentimiento de los estados y de las organizaciones internacionales, son las grandes beneficiarias por los proyectos de territorios forestales.

Los participantes han discutido algunos pasos políticos, como la ratificación por parte de numerosos países sudamericanos de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo o, de forma más local, el reconocimiento de la propiedad autóctona de los territorios de Nicaragua y Honduras, o también la organización de la silvicultura comunitaria en Méjico y la gestión forestal comunitaria en Senegal. Pero, en general, las leyes nacionales benefician más a los intereses económicos que a los de las poblaciones locales e indígenas, y los pretendidos avances en el campo del reconocimiento de los derechos de las comunidades pueden resultar una trampa. En Nicaragua, por ejemplo, la manera en que se ha reconocido la propiedad de los dominios ancestrales de las comunidades indígenas y autóctonas no ha impedido los abusos por parte de las autoridades nacionales o regionales ni la venta de derechos sobre la tierra por parte de algunos miembros ciertas comunidades.

PROPUESTAS

La acción ciudadana debe estar encaminada a sostener a las comunidades y a reforzar su capacidad para resistir contra lo que las amenaza y a obtener el pleno reconocimiento de sus derechos sobre los territorios forestales :

• El intercambio de conocimiento e información pertinente entre los diferentes grupos y movimientos. Esta acción supone sobre todo la sensibilización de las poblaciones locales a los mecanismos empleados por las multinacionales para acaparar el territorio. Por ejemplo, deben compartirse las herramientas y métodos de cartografía del territorio de las comunidades indígenas y autóctonas.

• La globalización de la lucha. Supone una mayor cooperación entre los movimientos y la adopción de una agenda internacional. Esto último es indispensable dado el carácter multinacional de las empresas.

• Alertar sobre las « mesas redondas para un uso y producción sostenibles » organizadas por las multinacionales para promover ante el público unas prácticas que son nefastas y deben denunciarse.

• El refuerzo de los lazos entre los indígenas o comunidades locales y los ciudadanos urbanos o consumidores. Los consumidores pueden aliarse a las comunidades locales e indígenas frente a las empresas al decidir no comprar sus productos. Tanto sean, por ejemplo, productos a base de aceite de palma o de madera vendida de forma ilegal deben estar informados sobre sus condiciones de producción.

Las acciones ciudadanas deben estructurarse en torno a reivindicaciones políticas comunes que deben encaminarse a la adopción por parte de los estados de las siguientes medidas políticas:

• Puesta en marcha de las declaraciones internacionales a cerca de las poblaciones autóctonas e indígenas (sobre todo la Convención 169),

• Reconocimiento y respeto efectivo del derecho consuetudinario de las comunidades que viven sobre o del territorio forestal. A este respecto, los participantes han expresado sus reservas a los mecanismos comerciales que se instauran en la marcha de los programas de titulización de los derechos sobre la tierra. La formalización de los derechos de propiedad y de uso, individuales o colectivos, no es una garantía de mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas si está concebida como el primer paso para su posible puesta en venta en el mercado inmobiliario,

• Creación de instituciones públicas nacionales dedicadas a que los pueblos indígenas puedan obtener fácilmente documentos que materialicen sus derechos sobre la tierra (de uso y de propiedad),

• Protección de los territorios forestales para la supervivencia de los pueblos autóctonos e indígenas, que pasa sobre todo por detener la deforestación e impedir la degradación medioambiental por parte de las empresas privadas,

• Paralización de la represión o criminalización de los militantes y líderes indígenas opuestos a los proyectos gubernamentales.
• Implicación de las comunidades locales en los procesos de decisión, obligación de solicitar su criterio antes de toda puesta en marcha de proyectos llamados «de desarrollo», y otorgamiento de una importancia primordial a su voz en las consultas,

• Reconocimiento del conocimiento de las comunidades locales e indígenas para proteger el medio ambiente y, por ello, concesión de ventajas y ayudas directas. A propósito de ello, varias organizaciones participantes reivindican que se otorgue directamente financiación REDD+ a las comunidades por su contribución constante al mantenimiento de los bosques y libertad para utilizar estos fondos según lo deseen.

En el taller se hizo alusión a numerosos ejemplos de actuaciones de movimientos ciudadanos y comunitarios que habían logrado medidas concretas. Aquí aludimos a otras dos, a título de ejemplos:

En Senegal, los bosques habían prácticamente desaparecido. Gracias a la defensa de las comunidades que incluían a antiguos empleados de las explotaciones forestales, el gobierno ha tenido conocimiento de la degradación medioambiental provocada por estas empresas. Se adoptaron nuevas medidas tales como el uso prioritario de espacios forestales para las comunidades organizadas en grupos de interés económico (GIE), en el marco de los programas de reforestación y de fortalecimiento de sus derechos.

La lucha de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) en Perú ha permitido parar el avance de las fronteras agrícolas sobre los territorios forestales y la deforestación.

INTERVENCIONES

La siguiente lista no es exhaustiva. Pedimos excusas a los ponentes de este taller y a los participantes que no encuentren en ella su nombre, y les invitamos a que nos lo indiquen en la siguiente dirección para que podamos editar una nueva versión de este resumen con la lista completa: secretariat@landaccessforum.org

Intervenciones de introducción (faltan los nombres de dos de los ponentes):

SOMBOLINGGI, Rukka, coordinadora de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

ROBINS, Taymond, Nación Mayangna, Nación Mayangna de Nicaragua, Nicaragua.

VASQUEZ, Edwin, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Perú.

Un ponente de CONTAG.

Intervenciones de los participantes:

PEACOCK, Peter, Tierras comunitarias de Escocia, Reino Unido.

Moderador:

LAFORGE, Michel, consultor, Francia.

Relatora:

RAKOTONDRAINIBE, Mamy, presidenta del Colectivo para la Defensa de las Tierras Malgaches, TANY, Francia.