CONVOCATORIA FMAT2016

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Diez años después del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria FMRA (Valencia, 2004) y de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural CIRADR (Porto Alegre, 2006) y en prolongación del Año Internacional de la Agricultura familiar (AIAF), los firmantes de este llamamiento subrayan la necesidad de volver a reunir, en un debate abierto, a diferentes actores sociales e institucionales para promover una reflexión renovada y mejorar el acceso de los agricultores pobres a la tierra, el agua y a los recursos naturales.

La situación actual (persistencia del hambre, crecimiento demográfico, exclusión, desempleo masivo, crisis medioambiental y pérdida de soberanía alimentaria) así como las compras, alquileres y concesiones de tierra, impone volver a trabajar el tema del acceso a la tierra y a los recursos productivos.

La rentabilidad financiera de las inversiones es frecuentemente planteada, pero esto no garantizamás bien al contrario-, su eficacia económica, ni el interés de las poblaciones concernidas ni el de las generaciones venideras. ¿La decisión de promover empresas agrícolas basadas en la producción de un pequeño número de productos alimentarios básicos, en su mayoría para la exportación, gran consumidora de insumos sintéticos y de energías fósiles y basada en el empleo de trabajadores asalariados, se traducirá en un aumento significativo de la producción y de la riqueza producida? ¿Cómo asegurar que los principios anunciados en el marco de las «Directrices voluntarias» se traduzcan en los hechos en el respeto de los derechos de los pueblos y en la promoción de un desarrollo sostenible?

Por último, la cuestión de los derechos y de los «bienes comunes», nos parece que más que nunca necesita reinstalarse en la agenda de las discusiones internacionales. El acaparamiento masivo de los recursos del planeta, más allá de la diversidad de sus manifestaciones, expresa la mercantilización cada vez más extendida, en nombre del crecimiento y del bienestar a escala mundial. En este contexto, parece imprescindible volver a plantear la cuestión de los derechos del hombre, ampliado al derecho de los pueblos a disponer de un acceso justo a la tierra, el agua y los recursos naturales y su derecho a implementar aquellos sistemas productivos más adecuado a suscondiciones técnicas, ecológicas, económicas, culturales y al interés general.

Llamamos a organizaciones sociales e instituciones gubernamentales a la movilización hacia el Foro Mundial sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Es necesario debatir los análisis y las propuestas sobre las evoluciones en curso y los importantes problemas que de ellas se derivan. Llamamos a la celebración del FMAT 2016 para encontrar y poner en marcha las respuestas más eficaces para resolverlos.

Desde hace ya mucho tiempo, se reconoce la cuestión del acceso a la tierra como un elemento necesario para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales más vulnerables y mejorar la seguridad alimentaria de muchas de ellas. En 1979, la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, organizada por la FAO, concluyó con una declaración sobre la necesidad de distribuir la tierra entre los que no tienen acceso a ella y entre los productores que no tienen la suficiente para vivir con dignidad de su trabajo. En 1999, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la FAO en Roma, destacó que el problema del hambre estaba lejos de resolverse y fijó el 2015 para reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre, objetivo que fue reconocido como fuera del alcance seis años más tarde, con motivo de una nueva reunión sobre el tema (2002). En 2004, la FAO, en su informe sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, señaló que el hambre seguía aumentando en todo el mundo.

Es en este contexto que el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y un gran número de organizaciones de la sociedad civil, organizaron en diciembre de 2004, en Valencia (España), el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA), que reunió a 500 delegados en representación de más de 200 organizaciones de 72 países y 5 continentes. En esa oportunidad se visualizó cómo la falta de acceso a la tierra y la marginación de los campesinos alimentan la pobreza, el éxodo rural y la emigración. En sus conclusiones el FMRA afirmó que el objetivo compartido de la soberanía alimentaria era complementario con el del acceso a la tierra y a los recursos naturales, y que el reconocimiento de los derechos de los campesinos del mundo era un requisito previo.

Dos años después del nuevo impulso dado por el FMRA, la FAO y el Gobierno de Brasil organizaron el año 2006, en Porto Alegre (Brasil) la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR). Los participantes en esta Conferencia, reafirmaron que la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza rural eran en gran parte el resultado de una falta deacceso a los recursos productivos que la mayoría de los agricultores sufrían a nivel mundial. El papel potencial de los agricultores familiares en general, y de las comunidades tradicionales y en particular de los grupos indígenas, fue puesto como prioritario para promover la seguridad alimentaria de todos y el desarrollo sostenible. La conferencia concluyó su trabajo poniendo de relieve la necesidad de reorientar las políticas de desarrollo de las poblaciones más vulnerables mediante el fortalecimiento de sus derechos, tanto individuales como colectivos.

Diez años después del FMRA (2004) y de la CIRADR (2006) un saldo amargo. Los cambios observados en los últimos diez años, están muy lejos de las recomendaciones que se hicieron por el FMRA y la CIRADR, incluso antes de que el proceso de adquisición/arrendamiento de tierras a gran escala por parte de un pequeño número de actores económicos tomara el tamaño que tienen hoy.

En los últimos años, las preguntas sobre los efectos sociales y políticos de los proyectos de inversión a gran escala y el riesgo que suponen para la seguridad alimentaria y el medio ambiente, se han expresado en numerosas ocasiones por parte de diversas organizaciones. La falta de transparencia de las transacciones de tierras y la denegación de modalidades locales sobre acceso y uso de los recursos tierra e hídricos, han sido reconocidos como factores que favorecen la expulsión de los campesinos. El objetivo de estos proyectos, por lo general dirigidos a la exportación de productos agrícolas, se ha enfrentado a problemas de seguridad alimentaria en las poblaciones de los países de acogida, sobre todo porque frecuentemente su aplicación ha sustituido cultivos alimentarios para la producción de cultivos para agrocombustibles. Por último, este tipo de proyectos se basa a menudo en sistemas de producción de monocultivo que requieren una fuerte dependencia de la utilización masiva de energía fósil, de insumos de origen industrial y de semillas transgénicas, representando un alto riesgo para la contaminación de los suelos y de las aguas y una disminución de la biodiversidad.

Por lo general, en muchas partes del mundo las transformaciones contemporáneas de la agricultura y la búsqueda del crecimiento, se han visto acompañadas por el empobrecimiento de un gran número de agricultores y campesinos y por la expulsión de millones de personas del sector agrícola, lo que refleja el fenómeno de bloqueo de la inversión y la profunda crisis a la que se enfrentan muchas regiones agrícolas. Esta verdadera exclusión de cientos de millones de campesinos, faltos de un acceso adecuado a la tierra, al agua de riego y a otros medios de producción, en la actualidad supone un amplio proceso de marginación y pérdida de la dignidad, llevando a grandes desequilibrios. Esta falta de garantía en el acceso a la tierra, el agua, la pesca y los bosques, y el desarrollo paralelo de grandes proyectos agroindustriales y forestales está llevando cada vez más a la expulsión de comunidades enteras de sus lugares de vida y trabajo. También sabemos que son precisamente estas zonas las que acumulan la mayor parte de las tasas de desnutrición en el mundo. «El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo», preparado por la FAO en 2013, destaca que de las 842 millones de personas desnutridas, las tres cuartas partes son rurales.

Las Naciones Unidas han declarado 2014 como «el año de la agricultura familiar», llamando a volvera situar este modelo en el centro de las políticas y las inversiones agrícolas, reconociendo su especificidad y su capacidad para aumentar la producción de alimentos, preservar los ecosistemas, generar empleo y reducir la pobreza. En un momento histórico en el que nunca ha habido tantas amenazas en todo el planeta, esta decisión tiene una dirección clara y una dimensión particular. Muchas iniciativas se han tomado en esta dirección y el diálogo entre los gobiernos nacionales, la sociedad civil y los organismos multilaterales ha podido reactivarse sobre nuevas bases, incluyendo particularmente la cuestión del derecho a la tierra y a los recursos naturales. Una de las más significativas ha sido la del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), implicando a la vez Estados, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que adoptó en 2012 las «Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional». Después de dos años de negociaciones, estas directrices fueron la expresión de un amplio consenso para promover una gobernanza responsable de la tierra, como respuesta a los procesos de acaparamiento. Reunido en Roma en febrero de 2014, el Foro Campesino llamó de forma clara a los gobiernos del FIDA a poner en práctica las decisiones adoptadas por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR, 2006) y por el CSA.